Sustracción internacional de menores: qué hacer si tu hijo no vuelve del extranjero

En resumen

Cuando un progenitor traslada o retiene a un hijo en el extranjero sin autorización del otro, el tiempo juega en contra. Cada semana que pasa puede ser interpretada como tolerancia y, transcurrido un año, la integración del menor en el nuevo entorno puede convertirse en causa de denegación del retorno. Por eso la sustracción internacional de menores es una de las pocas situaciones del derecho de familia en las que la rapidez de reacción tiene un impacto directo en el resultado.

El ordenamiento jurídico español ofrece tres vías que deben activarse de forma coordinada: la administrativa, ante la Autoridad Central española; la civil, al amparo del artículo 778 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y la penal, prevista en el artículo 225 bis del Código Penal. A continuación explicamos cómo funciona cada una, cuándo se aplica el Convenio de La Haya de 1980, qué pruebas hay que recopilar y qué errores son los que más perjudican estos procedimientos.

Qué hacer en las primeras 48 horas: respuesta rápida

Si tienes la certeza —o incluso la sospecha fundada— de que tu hijo no va a regresar en la fecha pactada, conviene actuar de inmediato:

1. Documenta la fecha exacta en que el menor debía regresar y la fecha en que se constata que no ha vuelto.
2. Conserva todas las comunicaciones (WhatsApp, correos, mensajes de voz) en las que conste el acuerdo sobre la duración del viaje.
3. Guarda los billetes de avión originales: acreditan el itinerario y la fecha de regreso pactada.
4. Anota el último domicilio conocido del menor en el extranjero y los teléfonos de familiares del otro progenitor.
5. No discutas por mensajería de forma acalorada. Cualquier frase tipo «quédate un poco más» puede usarse como prueba de consentimiento.
6. Contacta cuanto antes con un abogado especializado en derecho de familia internacional.
7. Valora activar de forma simultánea las tres vías: Autoridad Central española, demanda civil ante el juzgado español y denuncia penal.

Marco legal aplicable en España

La sustracción internacional de menores se rige por la combinación de un instrumento internacional —el Convenio de La Haya de 1980— y dos normas internas: la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Código Penal. Conocer cómo encajan entre sí es lo que permite diseñar una estrategia eficaz.

El Convenio de La Haya de 1980

El principal instrumento internacional en esta materia es el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, al que se han adherido más de 100 países, entre ellos España, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, México, Argentina o Brasil.

El Convenio no decide quién debe tener la custodia del menor: esa decisión corresponde a los tribunales del país de residencia habitual. Lo que hace el Convenio es garantizar que el menor sea devuelto con rapidez al país donde vivía antes del traslado o retención ilícitos, para que los jueces competentes puedan resolver sobre el fondo con normalidad y sin que ningún progenitor haya creado artificialmente una situación de hecho.

Para que el Convenio sea aplicable deben concurrir cuatro requisitos:

1. Que el menor tenga menos de 16 años.
2. Que el menor tuviera su residencia habitual en un Estado parte del Convenio inmediatamente antes del traslado o retención.
3. Que el progenitor solicitante ejerciera efectivamente derechos de custodia en el momento del traslado o retención.
4. Que el otro progenitor haya trasladado o retenido al menor violando esos derechos de custodia.

Traslado ilícito frente a retención ilícita

Conviene diferenciar ambos supuestos, porque son los dos grandes escenarios:

1. Traslado ilícito: un progenitor lleva al menor al extranjero sin autorización del otro titular de la responsabilidad parental ni autorización judicial.
2. Retención ilícita: el viaje sí fue autorizado, pero el progenitor incumple la fecha pactada de regreso y permanece en el extranjero con el menor. La ilicitud surge en el momento exacto en que se incumple el plazo acordado, sin que haga falta engaño previo.

En la práctica, la retención ilícita es el supuesto más frecuente. Un viaje que comienza como vacaciones familiares o como visita a los abuelos puede convertirse, en cuestión de días, en una retención con consecuencias legales graves.

El concepto de residencia habitual

La residencia habitual es el concepto central de todo el procedimiento. No depende del empadronamiento ni de la nacionalidad: los tribunales valoran un conjunto de factores que definen el centro de vida efectivo del menor. Entre ellos:

1. Escolarización y centro educativo.
2. Domicilio estable y entorno familiar próximo.
3. Atención médica habitual (pediatra, vacunas, historial clínico).
4. Idioma de la vida cotidiana, actividades extraescolares, círculo social.
5. Duración y estabilidad de la presencia del menor en el país.

La declaración de ilicitud: artículo 778 sexies LEC

En España, el procedimiento civil específico está regulado en el artículo 778 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este precepto permite acudir al juzgado español competente —normalmente el del lugar de residencia habitual del menor antes de la retención— para obtener una resolución que declare expresamente que el traslado o retención han sido ilícitos en los términos del artículo 15 del Convenio de La Haya de 1980.

Esta declaración judicial española tiene un valor estratégico enorme. Una vez dictada, puede aportarse ante la Autoridad Central española y, a través de ella, ante las autoridades del país donde se encuentra el menor, reforzando significativamente la posición del progenitor solicitante en el procedimiento internacional de restitución.

Junto con la declaración de ilicitud, el artículo 778 sexies LEC permite solicitar medidas urgentes de protección del menor al amparo del artículo 158 del Código Civil. En Cataluña, además, resultan aplicables los artículos 236-3, 236-8 y 236-11 del Código Civil de Cataluña, que regulan el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental, los desacuerdos entre progenitores y la intervención judicial para preservar el interés superior del menor.

El plazo de seis semanas

El artículo 778 quater LEC, que regula el procedimiento de retorno en España cuando es nuestro país el requerido, establece un plazo máximo de seis semanas para que la autoridad judicial resuelva. Aunque esta norma se aplica directamente al procedimiento de retorno en territorio español, su espíritu de urgencia impregna todo el sistema: el Convenio de La Haya está diseñado para operar con extrema celeridad, precisamente porque cada día que transcurre consolida la nueva situación del menor y dificulta su restitución.

Las seis semanas son, por tanto, el parámetro temporal de referencia que debe guiar toda la estrategia procesal, tanto cuando España es el Estado requirente como cuando es el requerido.

La vía penal: artículo 225 bis del Código Penal

La retención o el traslado ilícitos de un menor tienen también relevancia penal en España. El artículo 225 bis del Código Penal tipifica el delito de sustracción de menores, que comete uno de los progenitores cuando, sin consentimiento del otro, traslada o retiene al hijo menor incumpliendo gravemente las obligaciones derivadas de la patria potestad.

La interpretación del Tribunal Supremo: STS 340/2021

La sentencia del Tribunal Supremo 340/2021, de 22 de abril, ha precisado dos aspectos relevantes de la conducta típica:

1. Sujeto activo: el delito del artículo 225 bis CP solo puede ser cometido por uno de los progenitores. Un tercero que actúe por cuenta de un progenitor no responde por este tipo penal, aunque pueda incurrir en otras responsabilidades penales.
2. Conducta típica: no basta un desacuerdo sobre el régimen de visitas ni una discrepancia puntual. Es preciso acreditar que el progenitor actuante priva efectivamente al otro del ejercicio de sus funciones parentales, de forma real y deliberada.

Esta precisión es especialmente relevante en los casos de retención prolongada en el extranjero, en los que la privación efectiva del ejercicio parental resulta evidente y sostenida en el tiempo.

Función estratégica de la denuncia penal

La denuncia penal cumple varias funciones más allá de la pretensión punitiva en sí misma:

1. Refuerza la presión sobre el progenitor requerido, al hacer evidente que la retención tiene consecuencias penales y no solo civiles.
2. En determinados países, la existencia de una denuncia penal en España acelera la respuesta de las autoridades locales.
3. Genera un expediente judicial español que acredita formalmente la situación denunciada y se incorpora al conjunto probatorio del procedimiento internacional.

Conviene insistir en que las vías civil, administrativa y penal son independientes pero compatibles. Activarlas de forma simultánea —no consecutiva— es lo que multiplica la eficacia de la estrategia.

La estrategia legal paso a paso

Los pasos que describimos a continuación se basan en la gestión real de casos de sustracción internacional. La secuencia no es teórica: refleja el orden más eficaz desde el punto de vista estratégico y procesal.

Paso 1. Reacción inmediata: documentar y requerir

Qué debe hacer el progenitor afectado

En cuanto se detecta que el menor no ha regresado en la fecha pactada, hay que actuar de inmediato. Cada día sin reacción puede ser interpretado más adelante como tolerancia o consentimiento tácito.

1. Anota con precisión la fecha pactada de regreso y la fecha real en que se constata la no devolución.
2. Recopila todas las comunicaciones (WhatsApp, correos, mensajes de voz) en las que conste el acuerdo sobre la duración del viaje y la fecha de vuelta.
3. Guarda los billetes de avión: acreditan el itinerario pactado y la fecha de regreso original.
4. Toma nota del último domicilio conocido del menor en el extranjero y de los teléfonos de familiares del otro progenitor que puedan facilitar su localización.
5. Evita discusiones acaloradas por escrito. Comunícate con calma y, siempre que sea posible, por escrito y en términos neutros.

Qué debe hacer el abogado

1. Verificar que concurren los presupuestos del Convenio de La Haya de 1980: residencia habitual del menor, ejercicio efectivo de la responsabilidad parental y ausencia de consentimiento para la retención.
2. Remitir requerimiento fehaciente al otro progenitor —preferiblemente por burofax o, en su defecto, por WhatsApp o correo electrónico con acuse de lectura— exigiendo el retorno inmediato del menor y advirtiendo de la posible ilicitud de la retención. Este requerimiento cumple una función procesal decisiva: acredita la oposición expresa del progenitor solicitante desde el primer momento y elimina cualquier duda sobre la existencia de consentimiento tácito.
3. Recopilar la documentación acreditativa de la residencia habitual del menor en España: certificado de empadronamiento, historial médico de pediatría, cartilla de vacunación, facturas de productos del menor, inscripciones escolares, fotografías y vídeos familiares.

Paso 2. Activación de la Autoridad Central española

Qué es la Autoridad Central española

En España, la Autoridad Central designada a efectos del Convenio de La Haya de 1980 es la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Área de Sustracción Internacional de Menores, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Esta unidad actúa como enlace entre el progenitor solicitante y la Autoridad Central del país donde se encuentra el menor. Transmite la solicitud de restitución, coordina la comunicación con las autoridades extranjeras y hace seguimiento del expediente. Su activación es el primer paso administrativo esencial y, en la mayoría de los casos, condición indispensable para que el procedimiento internacional avance.

Cómo presentar la solicitud

La solicitud urgente de restitución internacional del menor debe contener, como mínimo:

1. Identificación completa del menor: nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, número de DNI o pasaporte.
2. Identificación completa del progenitor solicitante y del progenitor requerido.
3. Descripción detallada de la residencia habitual del menor en España, acreditada documentalmente.
4. Relato cronológico de los hechos: viaje, fecha de retorno pactada, fecha de la retención ilícita, requerimientos realizados y respuesta del otro progenitor.
5. Último domicilio conocido del menor en el extranjero y, si se dispone de ellos, datos de familiares del otro progenitor.
6. Formulario oficial de solicitud de devolución conforme al Convenio de La Haya de 1980, debidamente cumplimentado y firmado.
7. Documentación acreditativa adjunta: certificado de nacimiento del menor, documentos de identidad, certificado de empadronamiento, billetes de avión, historial médico y cualquier otra prueba de la residencia habitual.

Paso 3. Demanda civil ante el juzgado español: art. 778 sexies LEC

Fundamento y objeto

Paralelamente a la vía administrativa ante la Autoridad Central, conviene presentar ante el juzgado español competente una solicitud de declaración de ilicitud de retención internacional de menor al amparo del artículo 778 sexies LEC.

Esta demanda civil no pretende resolver quién debe tener la custodia del menor ni prejuzgar el fondo de las relaciones paternofiliales. Su único objeto es obtener una resolución judicial española que declare formalmente que la retención del menor en el extranjero desde una fecha determinada ha sido ilícita, en los términos del artículo 15 del Convenio de La Haya.

Esta resolución se aporta después ante la Autoridad Central y, a través de ella, ante las autoridades del país donde se encuentra el menor. Su valor probatorio en el procedimiento internacional es considerable.

Tribunal competente

La competencia corresponde al juzgado del lugar de residencia habitual del menor inmediatamente anterior a la retención, que en la mayoría de los casos coincidirá con el domicilio del progenitor solicitante.

Medidas urgentes que deben solicitarse

Junto con la declaración de ilicitud, conviene solicitar las medidas urgentes de protección del artículo 158 del Código Civil y, en Cataluña, las previstas en los artículos 236-3, 236-8 y 236-11 del Código Civil de Cataluña. Las más habituales son:

1. Constatación de que la residencia habitual del menor se encuentra en España y de que cualquier cambio de residencia requiere autorización judicial o consentimiento expreso del progenitor solicitante.
2. Prohibición de que se expida documentación que facilite el arraigo artificial del menor en el extranjero (matriculación escolar, empadronamiento, tarjeta sanitaria, etc.).
3. Intervención del Ministerio Fiscal, especialmente cuando el menor es de corta edad.
4. Cualquier otra medida que el juzgado considere necesaria para preservar el interés superior del menor.

Documentación que debe acompañarse a la demanda

1. Documentos registrales: certificado de nacimiento del menor, certificado de empadronamiento conjunto.
2. Documentos de identidad de los progenitores y del menor.
3. Documentos médicos: tarjeta sanitaria, historial clínico de pediatría, registro de vacunas, citas médicas pendientes.
4. Documentos de viaje: billetes de avión que acrediten el itinerario y la fecha de regreso pactada.
5. Pruebas de la convivencia: facturas de productos del menor, fotografías, inscripciones en actividades.
6. Comunicaciones con el otro progenitor: capturas de pantalla, correos, requerimientos formales.
7. Documentos del procedimiento internacional: acuse de recibo de la Autoridad Central española.

Paso 4. Denuncia penal por delito del art. 225 bis CP

Simultáneamente a las vías civil y administrativa, debe valorarse la presentación de una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción de Guardia del lugar del domicilio del denunciante. La denuncia se formula al amparo del artículo 225 bis del Código Penal.

Como hemos explicado, el Tribunal Supremo exige acreditar que el progenitor actuante ha privado efectivamente al otro del ejercicio de sus funciones parentales. En los casos de retención prolongada en el extranjero, esta privación es habitualmente evidente: el progenitor que permanece en España no puede ejercer su responsabilidad parental ni decidir sobre la vida cotidiana del menor.

La denuncia penal refuerza la presión sobre el progenitor requerido, suele acelerar la actuación de las autoridades del país de retención y genera un expediente judicial español que se incorpora al conjunto probatorio del procedimiento internacional.

Paso 5. Seguimiento del procedimiento internacional

Una vez activadas las tres vías, el progenitor y su abogado deben mantener un seguimiento activo del expediente internacional. El Convenio establece como objetivo la restitución del menor en un plazo de seis semanas, pero en la práctica los plazos suelen ser más largos. Las principales actuaciones de seguimiento son:

1. Mantener comunicación periódica con la Autoridad Central española, reiterando la urgencia y aportando cualquier información nueva.
2. Aportar a la Autoridad Central la resolución judicial española de declaración de ilicitud en cuanto sea dictada por el juzgado.
3. Valorar la contratación de un abogado colaborador en el país donde se encuentra el menor, que pueda hacer seguimiento directo del expediente.
4. Documentar cualquier comunicación con el otro progenitor que pueda resultar relevante para el procedimiento.
5. Valorar el contacto con la Embajada o Consulado español en el país de retención para que pueda auxiliar en la localización del menor.

Qué ocurre si el país requerido se niega a devolver al menor

El Convenio de La Haya de 1980 establece que la devolución del menor puede denegarse únicamente en casos muy excepcionales. Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigen una interpretación estrictamente restrictiva de dichas excepciones.

La razón es clara: permitir una interpretación laxa de las causas de denegación equivaldría a convertir el procedimiento de restitución en un juicio encubierto sobre la custodia, con el consiguiente premio al progenitor que actuó de mala fe. Las causas son tasadas, de interpretación estricta, y la carga de la prueba recae sobre quien se opone al retorno. Las más frecuentes son:

1. Que el progenitor solicitante no ejerciera efectivamente los derechos de custodia en el momento del traslado.
2. Que haya transcurrido más de un año desde el traslado o retención y el menor se haya integrado en su nuevo entorno.
3. Que exista un grave riesgo de que la restitución exponga al menor a un peligro físico o psíquico o a una situación intolerable.
4. Que el propio menor, con suficiente madurez, se oponga a la restitución.

Si la restitución es denegada en primera instancia, debe valorarse la interposición de los recursos disponibles en el sistema judicial del país requerido.

Errores frecuentes que perjudican el procedimiento

La experiencia en este tipo de expedientes confirma que casi todos los procedimientos que se complican lo hacen por causas evitables. Estos son los errores que con más frecuencia perjudican el resultado:

1. Demorar la reacción. Cada semana de inacción puede ser interpretada como tolerancia. Transcurrido un año desde la retención, si el menor se ha integrado en su nuevo entorno, la devolución puede denegarse.
2. Dar el consentimiento de forma oral o informal. Un simple mensaje de WhatsApp en el que se diga «quédate un poco más» puede ser utilizado como prueba de consentimiento tácito.
3. Viajar al país de retención sin asesoramiento previo. Sin estrategia y sin coordinación con un abogado local, el progenitor puede encontrarse en situaciones muy complicadas, incluyendo riesgos personales.
4. No recopilar pruebas de la residencia habitual del menor. La falta de documentación sólida sobre la vida del menor en España es uno de los principales puntos débiles de los expedientes.
5. Actuar sin abogado especializado. Los procedimientos de sustracción internacional son técnicamente complejos y exigen conocimiento del Convenio de La Haya, de la legislación española y, en su caso, del sistema jurídico del país donde está el menor.

Tabla resumen: las tres vías de actuación

Diferencias entre restitución, custodia y vía penal

Estos tres procedimientos suelen confundirse, pero responden a finalidades distintas y, lejos de excluirse, se complementan:

Las pruebas: qué documentación reunir

La solidez probatoria del expediente es el factor que más influye en el resultado, por delante incluso de la calidad técnica de los escritos procesales. Estas son las pruebas que conviene reunir desde el primer momento:

Preguntas frecuentes

¿Es delito llevarse a un hijo a otro país sin permiso?

En determinados casos, sí. El artículo 225 bis del Código Penal tipifica el delito de sustracción de menores cuando un progenitor traslada o retiene al hijo menor sin consentimiento del otro, incumpliendo gravemente las obligaciones derivadas de la patria potestad. La STS 340/2021 ha precisado que la conducta típica exige que el progenitor actuante prive efectivamente al otro del ejercicio de sus funciones parentales.

¿Qué ocurre si el país no firmó el Convenio de La Haya?

Cuando el Estado donde se encuentra el menor no es parte del Convenio, el procedimiento se vuelve más complejo y depende de tratados bilaterales, del derecho interno del otro Estado y de los mecanismos diplomáticos. En estos casos, la coordinación con el Consulado español y la contratación de un abogado local en el país de retención adquieren un papel crítico.

¿Puede impedirse la salida de España del menor de forma preventiva?

Sí. Si existe riesgo razonable de que el otro progenitor traslade al menor al extranjero sin consentimiento, pueden solicitarse medidas cautelares urgentes al amparo del artículo 158 CC: prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte e inscripción del menor en sistemas de alerta. Conviene actuar antes de que el traslado se produzca.

¿Qué pasa si el menor tiene doble nacionalidad?

La nacionalidad no determina por sí sola la competencia ni el resultado del procedimiento. Lo relevante a efectos del Convenio de La Haya es la residencia habitual del menor inmediatamente antes del traslado o retención. Un menor con doble nacionalidad puede tener su residencia habitual en cualquiera de los dos Estados, y eso es lo que valora el tribunal.

¿Puede oponerse el menor al retorno?

El Convenio prevé la oposición del menor como causa de denegación de la restitución, pero solo cuando el menor tiene suficiente madurez para emitir una opinión fundada y libre. Los tribunales son especialmente cautelosos con esta excepción, porque los menores en situación de retención suelen estar bajo la influencia del progenitor que los retiene. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige una valoración rigurosa y restrictiva.

¿Qué ocurre si ha pasado más de un año desde la retención?

Transcurrido un año, el progenitor que se opone al retorno puede invocar la integración del menor en su nuevo entorno como causa de denegación. No es automático: debe probarse que el menor está realmente integrado y que el retorno sería contrario a su interés superior. Cuanto más tiempo haya pasado, más sólida tiene que ser la documentación del progenitor solicitante para superar esta excepción.

¿Se puede gestionar el procedimiento sin viajar al país donde está el menor?

Sí. Las vías administrativa y civil españolas se gestionan íntegramente desde España. En el país de retención suele ser conveniente contratar un abogado local que actúe en coordinación con el despacho español. Viajar al país sin estrategia previa rara vez ayuda y puede generar situaciones legales y personales complicadas.

¿Qué papel juega la Embajada o el Consulado español?

El Consulado puede colaborar en la localización del menor, facilitar el contacto con las autoridades locales y prestar asistencia consular. No sustituye al procedimiento del Convenio de La Haya ni a la representación letrada, pero en situaciones de bloqueo administrativo es una vía complementaria que conviene activar.

Cómo te ayudamos en Letrados Barcelona

Desde nuestro despacho hemos acompañado a progenitores en situaciones de sustracción internacional de menores, incluyendo casos con menores de muy corta edad en los que el factor tiempo era determinante. La experiencia confirma una constante: cuanto antes se actúa y cuanto más sólida es la documentación inicial, mejores son las posibilidades de restitución.

Trabajamos las tres vías —administrativa, civil y penal— de forma coordinada, en colaboración con abogados locales en el país de retención cuando es necesario y manteniendo comunicación constante con la Autoridad Central española. Si te enfrentas a una situación de este tipo, contacta con nosotros lo antes posible: la primera valoración es confidencial y orientada a definir la estrategia más eficaz en tu caso concreto.

Letrados Barcelona — Derecho de Familia Internacional. Rambla Catalunya, Barcelona. Desde 2001.

Este artículo tiene carácter informativo general y no sustituye al asesoramiento jurídico individualizado. Cada caso de sustracción internacional de menores presenta circunstancias específicas que deben ser valoradas por un abogado especializado.