Divorcio con empresa familiar en Cataluña: qué pasa con las participaciones y cómo proteger el negocio

Cuando en un divorcio existe una empresa familiar, el conflicto no se limita a repartir el patrimonio del matrimonio. También pueden estar en juego la continuidad del negocio, el control de la sociedad, los ingresos familiares, los puestos de trabajo y el valor económico acumulado durante años.

En Cataluña, el análisis presenta una particularidad importante: si el matrimonio está sujeto al derecho civil catalán y no se pactó otro régimen, se aplica la separación de bienes. Esto significa que la empresa no se divide automáticamente por mitad al producirse el divorcio.

Sin embargo, que las participaciones pertenezcan formalmente a uno solo de los cónyuges no resuelve necesariamente todas las cuestiones. Puede existir una compensación económica por el trabajo desarrollado para la empresa, créditos entre los cónyuges, participaciones en copropiedad, aportaciones de dinero no documentadas o discrepancias importantes sobre el valor real del negocio.

Por eso, en un divorcio con empresa familiar deben coordinarse desde el principio el derecho de familia, el derecho societario, la valoración económica y la fiscalidad.

¿Hay que repartir la empresa al divorciarse en Cataluña?

No necesariamente.

Si el matrimonio está sometido al régimen catalán de separación de bienes, cada cónyuge conserva la propiedad de los bienes que le pertenecen. Por tanto, si las participaciones sociales están exclusivamente a nombre de uno de ellos, el divorcio no convierte automáticamente al otro cónyuge en socio ni le atribuye la mitad de la empresa.

La situación puede ser distinta cuando:

• ambos cónyuges son titulares de participaciones;
• uno de ellos aportó dinero para adquirir o ampliar las participaciones del otro;
• existe un préstamo o un crédito entre los cónyuges;
• se discute la verdadera titularidad de la empresa;
• el matrimonio está sujeto a un régimen de gananciales, participación o comunidad;
• uno de los cónyuges trabajó para el negocio sin cobrar o percibiendo una remuneración insuficiente;
• o existen capitulaciones matrimoniales, estatutos o pactos de socios que regulan la ruptura.

Por tanto, la primera pregunta no debe ser cuánto vale la empresa, sino quién es jurídicamente titular de las participaciones y qué régimen económico matrimonial resulta aplicable.

Lo primero: determinar qué ley rige el matrimonio

Vivir actualmente en Cataluña o tramitar el divorcio ante un juzgado catalán no significa necesariamente que el régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes catalán.

Para determinar la ley aplicable deben revisarse, entre otros elementos:

• la fecha de celebración del matrimonio;
• la vecindad civil de los cónyuges;
• la primera residencia habitual común después de la boda;
• las capitulaciones matrimoniales;
• los posibles pactos de elección de ley;
• la nacionalidad de los cónyuges;
• y, en matrimonios internacionales, las normas europeas o españolas aplicables.

Cuando resulta aplicable el derecho civil catalán y no existe pacto en contrario, el régimen económico matrimonial supletorio es la separación de bienes, conforme al artículo 231-10 del Código Civil de Cataluña.

Esto cambia sustancialmente el planteamiento respecto de un matrimonio sujeto a gananciales. En separación de bienes no existe, por regla general, una masa común que deba dividirse por mitad. Debe determinarse qué pertenece a cada cónyuge y qué bienes poseen conjuntamente.

¿De quién son las participaciones sociales?

En el régimen catalán de separación de bienes, los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen al cónyuge que figure como titular.

Por tanto, si las participaciones de una sociedad limitada aparecen inscritas a nombre de uno solo de los cónyuges, ese dato constituye el punto de partida del análisis.

No obstante, deben revisarse también:

• la escritura de constitución o adquisición;
• las ampliaciones de capital;
• el libro registro de socios;
• los justificantes bancarios;
• las aportaciones realizadas por cada cónyuge;
• los préstamos entre el socio y la sociedad;
• y los posibles pactos privados.

El artículo 232-3 del Código Civil de Cataluña establece una regla especialmente relevante: si se acredita que un bien titulado por uno de los cónyuges fue pagado con dinero del otro, se presume que existió una donación.

Esto puede tener consecuencias importantes. El cónyuge que aportó el dinero no recupera necesariamente esa cantidad solo por demostrar que salió de su cuenta. Para evitar la presunción de donación es esencial que el préstamo, el crédito o la obligación de devolución estén debidamente documentados.

Esta peculiaridad del derecho catalán se analiza con mayor detalle en nuestro artículo sobre la presunción de donación entre cónyuges en Cataluña.

¿Qué sucede si las participaciones pertenecen a ambos cónyuges?

La situación cambia cuando ambos cónyuges son socios o cotitulares de las participaciones.

En estos casos, el divorcio puede dejar a los excónyuges vinculados dentro de una sociedad cerrada, incluso cuando la relación personal se ha deteriorado por completo.

Mantener esa situación puede provocar:

• bloqueos en las juntas de socios;
• conflictos sobre la administración;
• dificultades para aprobar las cuentas;
• discrepancias sobre el reparto de dividendos;
• paralización de inversiones;
• o utilización de la empresa como instrumento de presión dentro del divorcio.

Una posible solución consiste en adjudicar las participaciones a quien continuará gestionando el negocio y reconocer al otro su valor económico. Sin embargo, no es una solución automática.

Deben analizarse:

• la titularidad exacta de las participaciones;
• los estatutos sociales;
• el pacto de socios;
• las restricciones a la transmisión;
• los derechos de adquisición preferente;
• la capacidad de uno de los cónyuges para financiar la adquisición;
• y las consecuencias fiscales de la operación.

En ocasiones puede pactarse un pago aplazado, pero debe ir acompañado de garantías suficientes para evitar que el cónyuge que transmite las participaciones quede expuesto al riesgo de impago.

¿Puede el ex cónyuge convertirse en socio?

Si uno de los cónyuges no era socio antes del divorcio, no adquiere esa condición por el mero hecho de separarse.

Para recibir participaciones debe existir una transmisión, una adjudicación o un acuerdo válido que cumpla las exigencias legales y societarias.

En las sociedades limitadas, la transmisión de participaciones está sometida a la Ley de Sociedades de Capital, a los estatutos y, en su caso, al pacto de socios. También debe formalizarse adecuadamente y reflejarse en el libro registro de socios.

Por ello, no basta con incluir en un convenio de divorcio que uno de los cónyuges recibe determinadas participaciones. Debe comprobarse si la operación es jurídicamente posible, cómo debe documentarse y qué efectos produce frente a la sociedad y frente a los demás socios.

Cuando la empresa depende personalmente de uno de los cónyuges, suele ser preferible preservar el control en quien dirige efectivamente el negocio y articular, cuando corresponda, una compensación económica para el otro. Pero esa solución debe construirse sobre una valoración rigurosa y no sobre una estimación aproximada.

Compensación económica por trabajar en la empresa familiar

Uno de los principales conflictos surge cuando uno de los cónyuges ha trabajado durante años para la empresa o actividad profesional del otro sin cobrar o percibiendo una remuneración claramente insuficiente.

El artículo 232-5 del Código Civil de Cataluña reconoce la compensación económica por razón de trabajo en dos supuestos diferentes:

• cuando un cónyuge ha trabajado para la casa sustancialmente más que el otro;
• y cuando ha trabajado para el otro cónyuge sin retribución o con una retribución insuficiente.

En ambos casos también debe existir una diferencia entre los incrementos patrimoniales obtenidos por los cónyuges durante la convivencia.

Por tanto, trabajar en el negocio familiar no otorga automáticamente derecho a una parte de la empresa. Lo que puede generar es un derecho económico frente al otro cónyuge si concurren los requisitos legales.

¿Qué debe demostrarse para reclamar la compensación?

Cuando la reclamación se basa en el trabajo prestado para el negocio del otro cónyuge, debe acreditarse:

• la existencia real del trabajo;
• su duración e intensidad;
• las funciones desarrolladas;
• la ausencia de retribución o su insuficiencia;
• la vinculación de ese trabajo con la actividad del otro cónyuge;
• y la diferencia entre los incrementos patrimoniales obtenidos durante el matrimonio.

Puede existir derecho a compensación aunque el cónyuge no tuviera contrato laboral o nómina. Lo relevante no es solo la apariencia formal, sino el trabajo realmente desarrollado.

Entre las pruebas más útiles se encuentran:

• correos electrónicos;
• mensajes con clientes o proveedores;
• agendas;
• poderes;
• accesos bancarios;
• documentación contable;
• facturas;
• testimonios de trabajadores;
• publicaciones corporativas;
• tarjetas de visita;
• y documentos que acrediten la dedicación habitual al negocio.

También debe estudiarse si el trabajo fue retribuido indirectamente mediante pagos personales, uso de vehículos, gastos asumidos por la empresa o transferencias sin concepto claro.

La compensación no equivale a los salarios no cobrados

La compensación económica por razón de trabajo no consiste simplemente en sumar los salarios que el cónyuge habría podido cobrar.

Su cálculo parte de la comparación entre los incrementos patrimoniales de los dos cónyuges durante la convivencia.

Con carácter general, el Código Civil de Cataluña establece como límite una cuarta parte de la diferencia entre esos incrementos, aunque puede reconocerse una cantidad superior cuando la contribución del cónyuge acreedor haya sido notablemente mayor.

Para realizar el cálculo deben reconstruirse los patrimonios iniciales y finales de ambos cónyuges, incluyendo bienes, deudas, adquisiciones, transmisiones y determinadas atribuciones gratuitas.

La valoración de la empresa o de las participaciones puede ser decisiva porque su incremento de valor puede formar parte del patrimonio final del cónyuge titular.

En nuestro artículo sobre cómo calcular la compensación económica por razón de trabajo en Cataluña explicamos con detalle las operaciones necesarias para comparar ambos patrimonios.

Cómo se valora una empresa en un divorcio

No existe un único método de valoración válido para todas las empresas.

La metodología dependerá de factores como:

• el sector;
• el tamaño de la empresa;
• la rentabilidad;
• la existencia de activos relevantes;
• la estabilidad de los ingresos;
• la dependencia de determinados clientes;
• y la vinculación del negocio con la persona de uno de los cónyuges.

Entre los métodos más habituales se encuentran:

• el valor patrimonial ajustado;
• el descuento de flujos de caja;
• los múltiplos de empresas comparables;
• la capitalización de beneficios;
• y las operaciones comparables del mismo sector.

En una valoración seria no basta con consultar el patrimonio neto que aparece en el balance.

Valor de la sociedad y valor de las participaciones

El valor total de una sociedad no siempre coincide con el valor proporcional de un paquete de participaciones.

Una participación minoritaria puede tener un valor distinto porque su titular:

• no controla la administración;
• no decide sobre el reparto de dividendos;
• no puede imponer la venta de la empresa;
• y puede encontrar dificultades para vender su participación a un tercero.

Por ello, en determinados casos deben analizarse posibles descuentos por minoría o falta de liquidez.

Sin embargo, estos descuentos no pueden aplicarse automáticamente para reducir artificialmente el valor de las participaciones. Deben justificarse conforme a la estructura concreta de la sociedad, los estatutos y los derechos políticos y económicos asociados al paquete que se valora.

Deudas, avales y préstamos de socios

Una valoración que solo tenga en cuenta los activos y los beneficios puede ofrecer una imagen falsa del negocio.

También deben analizarse:

• las deudas bancarias;
• los préstamos de socios;
• los créditos frente a clientes;
• los litigios pendientes;
• las contingencias fiscales;
• las obligaciones laborales;
• los avales personales;
• las garantías prestadas;
• y las inversiones necesarias para mantener la actividad.

Los avales personales merecen un análisis específico. Que un cónyuge haya avalado una deuda de la sociedad no significa que esa deuda deba restarse automáticamente del valor de sus participaciones, pero sí puede representar un riesgo patrimonial que debe examinarse.

El fondo de comercio y la dependencia del socio fundador

En muchas empresas familiares, una parte importante del valor depende de la reputación, la experiencia, las relaciones comerciales o la actividad personal de uno de los cónyuges.

Esto es habitual en:

• despachos profesionales;
• clínicas;
• empresas de servicios;
• agencias;
• comercios especializados;
• y negocios vinculados a la imagen del fundador.

Debe diferenciarse entre el valor transferible de la empresa y la capacidad futura de generar ingresos que depende exclusivamente del trabajo personal del socio.

No todo beneficio futuro puede convertirse automáticamente en valor empresarial. Si el negocio dejaría de funcionar sin la actividad directa del cónyuge fundador, la valoración debe tenerlo en cuenta.

Retribución del administrador y beneficios retenidos

También debe revisarse si la retribución que percibe el cónyuge socio o administrador es razonable.

Una retribución artificialmente baja puede inflar los beneficios de la sociedad y, por tanto, su valoración. Por el contrario, una retribución excesiva puede reducir artificialmente el resultado empresarial.

Para obtener una imagen real del negocio puede ser necesario normalizar la remuneración del administrador conforme al valor de mercado de las funciones que desempeña.

Los beneficios retenidos también deben examinarse con cuidado. Que una sociedad no reparta dividendos no significa necesariamente que el socio carezca de capacidad económica. Pero tampoco puede presumirse que todo beneficio contable esté disponible para atender las obligaciones del divorcio.

Debe analizarse si la retención responde a necesidades reales del negocio o a una estrategia para reducir aparentemente los ingresos personales del socio.

Cómo influye la empresa en la pensión de alimentos

Cuando uno de los cónyuges controla una sociedad, su capacidad económica no siempre coincide con la nómina que se asigna.

Para fijar una pensión de alimentos pueden ser relevantes:

• el salario;
• los dividendos;
• las retribuciones en especie;
• los vehículos de empresa;
• los gastos personales pagados por la sociedad;
• los préstamos concedidos al socio;
• las retiradas de efectivo;
• y otros beneficios económicos.

Esto no permite confundir el patrimonio de la sociedad con el patrimonio del socio. La sociedad tiene personalidad jurídica propia y sus activos no pertenecen directamente a los cónyuges.

No obstante, el juzgado puede analizar la realidad económica del socio para evitar que una retribución formalmente reducida o una política artificial de retención de beneficios oculten su verdadera capacidad contributiva.

Empresa familiar y prestación compensatoria

La empresa también puede ser relevante para determinar si procede una prestación compensatoria.

Esta prestación puede reconocerse cuando la ruptura provoca un desequilibrio económico entre los cónyuges que implique un empeoramiento respecto de la situación existente durante el matrimonio.

En un divorcio con empresa familiar deben analizarse, entre otros factores:

• los ingresos de cada cónyuge;
• su capacidad para reincorporarse al mercado laboral;
• la dedicación previa al negocio o a la familia;
• las perspectivas económicas;
• la duración del matrimonio;
• y las decisiones profesionales adoptadas durante la convivencia.

La prestación compensatoria y la compensación económica por razón de trabajo son instituciones diferentes, aunque pueden concurrir en un mismo procedimiento. Explicamos esta diferencia en el artículo sobre la pensión compensatoria por desequilibrio económico.

¿Qué sucede si el cónyuge trabajaba sin contrato?

La ausencia de contrato no resuelve por sí sola si existía o no una relación laboral.

El Estatuto de los Trabajadores excluye, con carácter general, los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariado. Sin embargo, la situación debe analizarse atendiendo a las circunstancias reales.

No es lo mismo trabajar:

• para un empresario individual;
• para una sociedad mercantil;
• con horario y dependencia;
• con autonomía en la gestión;
• como administrador;
• como socio;
• o bajo el control efectivo de la empresa.

También deben examinarse la convivencia, la ajenidad, la dependencia, la participación social y el régimen de Seguridad Social aplicable.

No siempre corresponde el alta como autónomo colaborador. En determinados supuestos puede existir una relación laboral ordinaria; en otros, una inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Tras la ruptura debe decidirse rápidamente si el cónyuge continuará en la empresa y en qué condiciones. Mantener una situación irregular puede provocar reclamaciones salariales, laborales o de cotización, además de complicar el procedimiento de familia.

Medidas urgentes para proteger la empresa

Las primeras semanas de la ruptura suelen ser decisivas.

Si ambos cónyuges tenían acceso a cuentas, poderes, documentación o sistemas internos, conviene revisar inmediatamente:

• los poderes notariales;
• las autorizaciones bancarias;
• los certificados digitales;
• las claves de acceso;
• las facultades de firma;
• los permisos contables;
• y los accesos a información confidencial.

La solicitud de medidas provisionales puede producir efectos sobre los poderes que los cónyuges se hubieran otorgado entre sí. También pueden solicitarse medidas cautelares para evitar la transmisión o disposición de determinados bienes o participaciones.

En nuestro artículo sobre las medidas provisionales previas a la demanda de divorcio explicamos cuándo pueden solicitarse y qué finalidad tienen.

Sin embargo, el juzgado de familia no puede tratar la sociedad como si fuera un bien personal de los cónyuges. La empresa tiene personalidad jurídica propia y deben respetarse las competencias de sus órganos, los derechos de otros socios y la normativa societaria.

Cuando existe riesgo real de vaciamiento patrimonial, ocultación de activos o adopción de acuerdos sociales perjudiciales, puede ser necesario combinar las actuaciones del procedimiento matrimonial con medidas societarias o mercantiles específicas.

Fiscalidad del divorcio con empresa familiar

La fiscalidad depende de cómo se estructure la operación. No es lo mismo dividir participaciones que ya pertenecían a ambos cónyuges que transmitir al otro unas participaciones que pertenecían exclusivamente a uno de ellos.

División de participaciones en copropiedad

La división de un bien común puede considerarse una mera especificación de derechos si cada titular recibe bienes equivalentes a su cuota y no se actualizan los valores.

En esos casos, la operación puede no producir una ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF.

Sin embargo, deben revisarse los posibles excesos de adjudicación y la tributación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Transmisión de participaciones de un cónyuge al otro

Cuando las participaciones pertenecen exclusivamente a uno de los cónyuges y se transmiten al otro, no estamos necesariamente ante una simple liquidación del régimen matrimonial.

Puede existir una verdadera transmisión que genere:

• una ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF;
• tributación en otros impuestos;
• y obligaciones formales societarias.

La operación debe valorarse a mercado y diseñarse antes de firmar el convenio o la escritura.

Pago de la compensación con participaciones

La compensación económica por razón de trabajo normalmente se satisface en dinero.

Si se pacta su pago mediante participaciones, inmuebles u otros bienes, pueden surgir consecuencias fiscales para ambos cónyuges.

No debe darse por supuesto que el pago en especie tiene el mismo tratamiento que un pago en efectivo.

Inmuebles pertenecientes a la sociedad

Debe diferenciarse entre los inmuebles pertenecientes a los cónyuges y los inmuebles que pertenecen a la sociedad.

El hecho de que uno de los cónyuges sea socio no significa que sea propietario directo de las oficinas, locales o naves de la empresa.

En el divorcio pueden transmitirse las participaciones, pero los inmuebles continúan siendo de la sociedad, salvo que se realice una operación societaria o una transmisión independiente.

Puede ampliarse esta materia en nuestra guía sobre las claves fiscales del divorcio en Cataluña.

Pactos para proteger la empresa antes de una ruptura

El derecho civil catalán permite otorgar pactos en previsión de una ruptura matrimonial.

Estos pactos pueden regular:

• los criterios de valoración de la empresa;
• la forma de calcular determinadas compensaciones;
• el tratamiento de las aportaciones económicas;
• la continuidad del cónyuge que gestiona el negocio;
• la transmisión de participaciones;
• y las fórmulas de pago.

Deben otorgarse en escritura pública.

Cuando se firman antes del matrimonio, deben otorgarse con una antelación mínima de treinta días respecto de la boda. El notario debe informar separadamente a cada parte sobre el alcance de los cambios que se pretenden introducir respecto del régimen legal.

Las renuncias o limitaciones de derechos deben ser claras y recíprocas. Además, quien pretenda hacer valer el pacto debe acreditar que la otra parte recibió información suficiente sobre su patrimonio, ingresos y expectativas económicas.

Estos pactos no constituyen un blindaje absoluto. Pueden perder eficacia si, en el momento de aplicarlos, resultan gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges debido a circunstancias relevantes e imprevisibles.

La protección más eficaz suele consistir en coordinar:

• las capitulaciones matrimoniales;
• el pacto en previsión de ruptura;
• los estatutos sociales;
• el pacto de socios;
• y los mecanismos de financiación necesarios para una futura adquisición de participaciones.

Documentación que debe reunirse

Antes de negociar o iniciar el procedimiento conviene reunir, como mínimo:

1. Escrituras de constitución, ampliación de capital y transmisión de participaciones.
2. Estatutos sociales y pacto de socios.
3. Libro registro de socios.
4. Cuentas anuales de los últimos ejercicios.
5. Balances y cuentas de resultados actualizadas.
6. Declaraciones tributarias de la sociedad y de los cónyuges.
7. Nóminas, dividendos y retribuciones del administrador.
8. Préstamos entre los socios, los cónyuges y la sociedad.
9. Avales y garantías personales.
10. Extractos bancarios.
11. Poderes notariales y bancarios.
12. Contratos relevantes con clientes, proveedores y trabajadores.
13. Documentación que acredite el trabajo del cónyuge no remunerado.
14. Capitulaciones y pactos en previsión de ruptura.
15. Informes de valoración anteriores o propuestas de adquisición.

La recopilación temprana de esta información reduce el riesgo de que desaparezcan documentos y permite negociar sobre datos reales.

Preguntas frecuentes sobre el divorcio con empresa familiar

¿Tengo que repartir mi empresa con mi ex cónyuge si me divorcio en Cataluña?

No automáticamente. Si rige el régimen catalán de separación de bienes y las participaciones pertenecen exclusivamente a uno de los cónyuges, el divorcio no convierte al otro en socio.

No obstante, deben analizarse las aportaciones económicas, los posibles créditos, la titularidad real y la compensación económica por razón de trabajo.

¿Qué ocurre si mi cónyuge trabajó en la empresa sin cobrar?

Puede existir derecho a una compensación económica por razón de trabajo si se acredita que trabajó para el otro cónyuge sin retribución o con una retribución insuficiente y que el cónyuge titular obtuvo un incremento patrimonial superior.

La compensación no equivale automáticamente a un salario ni a una parte de la empresa.

¿Qué ocurre si la empresa está a nombre de ambos?

Debe estudiarse si es viable mantener a ambos como socios después del divorcio o si conviene adjudicar las participaciones a uno de ellos.

La solución dependerá del valor de la empresa, los estatutos, el pacto de socios, la financiación disponible y la fiscalidad.

¿Puede el juzgado intervenir la empresa?

El juzgado puede adoptar medidas patrimoniales entre los cónyuges y medidas cautelares sobre determinados bienes o participaciones.

Sin embargo, la sociedad tiene personalidad jurídica propia. No puede ser administrada como si fuera un bien personal de los cónyuges sin respetar la normativa mercantil y los derechos de los demás socios.

¿Cómo se calcula el valor de la empresa?

Debe realizarse una valoración pericial adaptada a la actividad.

La valoración puede tener en cuenta los activos, las deudas, los beneficios normalizados, los flujos de caja, el fondo de comercio, la dependencia del socio fundador y la falta de liquidez de las participaciones.

¿Tributa la adjudicación de la empresa a uno de los cónyuges?

Depende de la titularidad previa y de la operación utilizada.

La división de unas participaciones que ya eran comunes puede tener un tratamiento distinto de la transmisión de participaciones que pertenecían exclusivamente a uno de los cónyuges.

Por ello, la fiscalidad debe analizarse antes de firmar el convenio o ejecutar la operación.

¿Puedo proteger la empresa mediante un pacto?

Sí. Las capitulaciones, los pactos en previsión de ruptura, los estatutos y el pacto de socios pueden coordinarse para establecer criterios de valoración, reglas de transmisión y mecanismos para preservar el control del negocio.

Deben redactarse de manera coherente y con información patrimonial suficiente.

La estrategia debe definirse antes de negociar

En un divorcio con empresa familiar, las decisiones iniciales condicionan todo el procedimiento.

Determinar la ley aplicable, asegurar la documentación, revisar los poderes, analizar las retribuciones y encargar una valoración independiente permite evitar que la negociación se base en cifras incompletas o en una comprensión equivocada de la titularidad.

También es esencial no confundir tres cuestiones distintas:

• quién es propietario de las participaciones;
• cuánto valen;
• y qué derechos económicos puede reclamar el otro cónyuge.

En Letrados Barcelona abordamos los divorcios con empresa familiar coordinando la estrategia matrimonial con el análisis societario, económico y fiscal. El objetivo no es solo resolver la ruptura, sino proteger la continuidad del negocio y evitar que una mala estructuración de los acuerdos genere nuevos conflictos o costes fiscales innecesarios.

Si tienes una empresa familiar y te preocupa cómo puede afectarle una separación o divorcio, es recomendable analizar la estructura societaria y patrimonial antes de adoptar decisiones o firmar cualquier acuerdo.

Contacta con Letrados Barcelona para estudiar tu situación.